ANEXO I
PLATAFORMA ELECTORAL: “LA ARGENTINA QUE QUEREMOS”
La Cuestión Social
I. Hacia dónde queremos ir
- Un país integrado con mayor equilibrio social, territorial y productivo. Para ello necesitamos mayor equidad distributiva, un desarrollo económico geográficamente más homogéneo y una producción más diversificada.
- Un país donde se restablezcan los lazos sociales, el diálogo inter-generacional y la convivencia pacífica. Aspiramos a la erradicación de la violencia de género y toda forma de discriminación hacia la mujer.
- Un estado con capacidad de abordar las problemáticas sociales desde una mirada interdisciplinaria. Esto exige un cambio profundo en el enfoque de las políticas sociales donde el eje sea el desarrollo humano y la transformación de las injusticias estructurales, manteniendo una política social de emergencia para la atención de las necesidades básicas.
- Un modelo de gestión de políticas públicas que incorpore mecanismos de participación ciudadana para lograr mayor transparencia, democracia y calidad en la prestación de los servicios públicos.
- Un régimen público, solidario y obligatorio de seguridad social, coordinando acciones de carácter contributivo y no-contributivo, garantizando la universalización de la protección social.
II. Propuestas
1. Un hábitat inclusivo
Garantizaremos el acceso a la vivienda y a todos los bienes y servicios básicos sin distinciones sociales.
1.1. Desarrollaremos políticas de vivienda a través de la construcción de viviendas por parte del estado, la regulación del uso de los suelos, el impulso a experiencias comunitarias y cooperativistas y el facilitamiento el acceso al crédito.
1.2. Garantizaremos el acceso al agua, a las cloacas, al gas natural y a la luz eléctrica. Para alcanzar este objetivo en cuatro años, trazaremos una hoja de ruta en forma articulada entre el estado nacional, las provincias, los municipios y las empresas prestadoras de servicios, incluyendo mecanismos de participación ciudadana a nivel local.
2. Educación y salud
Es necesario recuperar instancias nacionales de decisión que permitan vertebrar una política educativa y de salud común.
El deterioro y fragmentación en el acceso a la salud y a la educación se originan en las formas en que se realizaron las transferencias de estas incumbencias de la nación a las provincias.
En el caso de educación, primero las escuelas primarias en 1978 y las secundarias y técnicas en 1992. En salud el proceso de transferencia de la casi totalidad de los hospitales nacionales a las provincias se produjo en la década del noventa.
2.1. Educación
Entendemos a la educación como un derecho social y humano, como un movimiento transformador que debe posibilitar la comprensión de la realidad en todas sus dimensiones. Es una tarea que involucra al sujeto, a la familia, a la sociedad y al estado.
A través de la escuela, el estado debe brindar las herramientas de desarrollo técnico-profesional y protagonismo ciudadano. Para ello, promoveremos la construcción de un pensamiento crítico de los estudiantes en el marco de su cultura y un sentido ético para la preservación de la especie, del planeta, de la sociedad y de sí mismos.
El gobierno nacional es responsable de que todos los niños, niñas y jóvenes tengan las mismas oportunidades educativas. Promoveremos las cualidades de “aprender a aprender” y “aprender a vivir con otros”, donde la experiencia social y el conocimiento que porta nuestra cultura se integren e interactúen en una construcción que dé cabida y futuro a todas las identidades.
Esta tarea se abordará reformulando la relación con las organizaciones de trabajadores y con una activa participación de la ciudadanía alrededor del hecho educativo.
Recuperaremos para la Nación aspectos que den unidad de sentido y de acción al sistema educativo respetando las autonomías provinciales y garantizando efectivamente la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento.
Dignificaremos la tarea docente y promoveremos el bienestar desde el reconocimiento del rol de educadores. Instituiremos los comités de seguridad e higiene en el trabajo y la formación permanente y en servicio. Definiremos un financiamiento que recupere y sostenga el salario docente con características de equidad en todo el territorio nacional.
Resignificaremos la acción pedagógica, colocando al aprendizaje y al estudiante en el centro de la escena. Orientaremos a la institución para escuchar a todos los niños, niñas y jóvenes como protagonistas de su formación y como forma de construcción de pensamiento, capacidad argumentativa, identidad y respeto por la palabra. Avanzaremos hacia una organización institucional que permita un tiempo de encuentro y la tarea de equipo de los docentes entre sí, con los alumnos y con la comunidad.
Promoveremos acciones que generen ambientes socialmente sustentables, de cuidado y auto-cuidado. Trabajaremos para cambiar la cultura del conflicto y la violencia por la de la convivencia como valor y práctica institucional. Resignificaremos los vínculos, la práctica de los derechos y la calidad de vida como indicadores de aprendizaje social y de formación humana y política. Esto incluye también la construcción de una perspectiva de género, respeto por la diversidad en todas sus formas, valoración de lo público y conductas sustentables con el ambiente; actitudes saludables y responsables en relación con la alimentación, el consumo y la sexualidad.
Garantizaremos la universalización de la educación inicial y la continuidad de los aprendizajes con el nivel primario.
Mejoraremos los espacios físicos. Ampliaremos la inversión presupuestaria para la construcción, ampliación y refacción de los edificios educativos promoviendo la participación de la comunidad en el cuidado y mejora de los mismos.
Orientaremos las políticas asistenciales las familias y la relación familia/escuela. Diseñaremos intervenciones multidisciplinarias, interministeriales e inter-jurisdiccionales que sostengan condiciones favorables de aprendizaje.
Promoveremos el hacer y el “aprender a hacer” como sustento de todo aprendizaje desde el inicio de la vida escolar hasta los niveles superiores (terciario y universitario) con acento en el dominio de las diferentes tecnologías, en un marco de solidaridad social y compromiso ambiental.
Reforzaremos el vínculo entre educación y trabajo. Impulsaremos la educación técnica y tecnológica en todos los niveles desde programas con formación práctica genérica y específica vinculada a la realidad productiva de cada región del país. En el mismo sentido, impulsaremos la formación laboral de jóvenes y adultos para la inclusión social y la empleabilidad a través de la promoción de prácticas emprendedoras.
Promoveremos el desarrollo del pensamiento científico y la investigación como actitud y contenido transversal en todos los niveles y modalidades de la educación.
Fortaleceremos el aprendizaje de las ciencias básicas en la escolaridad inicial, primaria y secundaria.
Fortaleceremos la acción universitaria en torno a la investigación y reformularemos el andamiaje jurídico en relación con la producción de intangibles, incrementando el financiamiento público en infraestructura edilicia y equipamiento así como el incentivo económico a la tarea del docente investigador, preservando legalmente la producción intelectual y ampliando la divulgación científica para una masiva apropiación social.
Fomentaremos la integración del conocimiento y la socialización de experiencias para la producción e innovación tecnológica aplicada a la resolución de problemas comunes en salud, ambiente, energías renovables, producción de bienes y servicios, entre otros.
Jerarquizaremos al docente universitario acompañando su desarrollo formativo, su producción científico técnica y su recalificación remunerativa.
2.2. Salud
El objetivo es un proyecto nacional de salud, inclusivo, universal, integrador, equitativo y soberano.
Para ello, construiremos un Plan Estratégico Nacional de Salud que considere a la salud como derecho humano inalienable. Fortaleceremos la capacidad nacional de regulación de todos los subsectores, respetando las autonomías y particularidades provinciales, y de la seguridad social, garantizando la universalidad de cobertura y acceso a través de la prestación estatal o privada. Integraremos paulatinamente los recursos disponibles, estimulando el desarrollo de capacidad instalada en el sector público y desandando el camino privatizador.
Trabajaremos a nivel interprovincial con el concepto de región y también de instancias interregionales, creando nuevos espacios institucionales que permitan la participación democrática de todos. Avanzaremos en la construcción de un proyecto de salud colectivo, donde el estado nacional sea el soporte, el conductor y el garante de la soberanía de manera de contribuir al involucramiento de los gobiernos provinciales como sujetos activos y propositivos.
Realizaremos una planificación estratégica con la participación real de los gobiernos provinciales y otros actores del sector, compartiendo los problemas y las visiones, con diálogo y negociación buscando la unidad de proyecto (Consejos Nacionales, Regionales, Provinciales y Municipales de salud).
Promoveremos la salud como construcción de ciudadanía y, en tal sentido, como práctica necesariamente intersectorial y participativa.
Impulsaremos una estrategia de ingreso al sistema de salud a través de la atención primaria. Esta práctica irá más allá de los presuntos límites de la práctica médica y será un trabajo multidisciplinario sujeto al protagonismo de la comunidad.
Estimularemos el desarrollo de nuevas modalidades asistenciales como el hospital de día o la internación domiciliaria en el sector estatal.
Integraremos paulatinamente el financiamiento que procede de fuentes públicas para redirigirlo desde el subsidio al sector privado a una oferta universal y soberana que no dependa de los créditos de los organismos multilaterales.
Desarrollaremos de una política de medicamentos que estimule la producción pública de fármacos, la construcción de redes entre laboratorios estatales, la regulación del consumo y la prescripción racional.
Estimularemos la investigación en salud en función de las necesidades del sistema y de la población.
Propiciaremos una reforma en las políticas de formación de recursos humanos que posibilite abordajes integrales, interdisciplinarios y prácticas comprometidas con las necesidades de la población, regulando currículas, creación de nuevas especialidades y estimulando la formación en aquellas carreras o especialidades que son críticas (universidades nacionales).
Dotaremos a la red de efectores públicos de un sistema de comunicaciones que garantice equipamiento acceso a internet, telefonía, transferencia de imágenes e información, tele-conferencias y todo el aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Construiremos un sistema nacional de emergencias y traslados para el transporte interprovincial e interregional de personas con vehículos aéreos, acuáticos y terrestres en postas regionales que pueda funcionar de soporte a las redes provinciales y esté disponible para emergencias o catástrofes.
Expandiremos la red de centros de tratamiento de adicciones para sacar a los jóvenes en situación de dependencia de sustancia psicoactivas adictivas, como el paco, un elemento clave en la reincidencia en los circuitos delictivos. Priorizaremos los barrios más conflictivos.
3. Empleo
El estado será promotor y facilitador para lograr un mercado laboral integrado y más homogéneo. Esperar que el crecimiento económico resuelva la situación sólo contribuirá a reforzar la conformación de un mercado laboral segmentado con enormes disparidades internas.
Llevaremos adelante una Agenda Nacional de Trabajo Decente con políticas dirigidas a los trabajadores formales y al colectivo de trabajadores desocupados, subocupados e informales. Esta agenda debe construirse en diálogo con los sectores sindicales, empresariales y públicos.
Crearemos el Consejo Nacional de Relaciones del Trabajo en reemplazo del Consejo de Salario Mínimo con composición tripartita y federal ampliándolo a todos los temas que hagan al mundo laboral: condiciones de trabajo, capacitación, certificación de competencias laborales, entre otros.
Crearemos los Comités Mixtos de salud y seguridad laboral a nivel de la empresa y un Instituto Nacional de referencia en los temas de salud y seguridad en el trabajo.
Fortaleceremos las negociaciones colectivas para que se conviertan en herramienta de democratización de las relaciones laborales y aborden todas las problemáticas no solo las salariales.
Combatiremos toda forma de trabajo no registrado, en combinación con la AFIP. En el caso que se trate de actividades de subsistencia familiar, se brindarán condiciones especiales de formalización y cobertura así como la asistencia técnica o económica que pudieran necesitar.
Impulsaremos las reformas legislativas necesarias que permitan la adecuación de las normas vigentes para garantizar la libertad sindical a las normas de la OIT, firmadas por Argentina pero no reglamentadas.
Reemplazaremos el actual seguro de desempleo por un seguro de empleo y capacitación, que acompañe la búsqueda de empleo y el proceso de reconversión y/o formación laboral. Las modificaciones abarcarán el monto, la duración y la contraprestación en formación y reconversión laboral, promoviendo otras formas de trabajo a través de la economía social.
Promoveremos la igualdad de trato y oportunidades en el trabajo en materia de género, edad y discapacidad.
En materia de los pueblos originarios, impulsaremos programas de fortalecimiento y apoyo de formas tradicionales de producción y trabajo.
Reformularemos y ampliaremos las políticas orientadas a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Por la especificidad de esta problemática, se requiere una fuerte articulación interestatal con las áreas de educación y de formación profesional y también con las organizaciones de la sociedad civil especializadas para poder realizar un proceso de tutoría y seguimiento.
4. Protección social
4.1. Universalización de las asignaciones familiares
Convergeremos a un sistema único de asignaciones familiares, independientemente de la condición laboral de los padres. Garantizaremos el acceso universal por ley, con un monto común y fijando mecanismos de indexación automáticos para que sean derechos y no propiedad de los gobiernos de turno.
- Jubilaciones
Nuestro objetivo es universalizar un sistema de seguridad social con justicia distributiva, equilibrado y sustentable.
Reconocemos la deuda social del actual gobierno y, por ello, tendremos una política para reducir el nivel actual de litigios, modificando el modo actual de liquidación de sueldos y cumpliendo con las sentencias firmes.
El 82% del salario de referencia será el eje a partir del cual construir un sistema solidario. Tomaremos en cuenta la totalidad de los aportes para poder incorporar las mutaciones que ha presentado la situación laboral a lo largo de la vida del beneficiario.
La Cuestión Política e Institucional
I. Hacia dónde queremos ir
1. Un Estado eficaz y eficiente. La reforma de la administración es la base de todas las reformas. Si el objetivo central de la democracia es mejorar el bienestar, articulando crecientes niveles de libertad e igualdad, el Estado es una pieza clave de la acción colectiva para lograrlo. Sin un aparato estatal eficaz y eficiente no hay transformación social posible. Construiremos un estado con las capacidades de diseñar y ejecutar las políticas públicas y con el poder político para aplicarlas sin excepciones en el conjunto del territorio nacional sobre toda la población.
2. Un estado republicano, federal y de mayor proximidad. Hay que recuperar un estado con poder. Pero al poder del estado hay que controlarlo a través de las instituciones de la república, con mayor proximidad a los argentinos. Las transformaciones institucionales que proponemos desconcentrarán el ejercicio del poder en el estado, garantizarán la vigencia de la organización republicana y el pleno respeto del federalismo y las autonomías locales.
3. Un estado abierto, transparente y respetuoso de las libertades individuales. Necesitamos reconciliar ética y política para producir un verdadero cambio moral. Para ello resulta indispensable un estado capaz de asegurar el respeto a la ley, el acceso a la justicia, el reconocimiento entre los y las ciudadanas y el respeto a los derechos y libertades individuales y a la diversidad social.
4. Un territorio seguro, de paz social y respeto de los derechos humanos. Nuestras prioridades son claras: evitar que el delito organizado afiance su poder territorial, disminuir la violencia interpersonal, terminar con la violencia familiar y de género y reducir los robos. La seguridad resulta un problema complejo que necesita soluciones integrales: inserción social, una fuerza de seguridad y una Justicia eficientes, la ruptura de la cadena de complicidades entre la política, la policía y la Justicia con el crimen organizado, la conducción política de las fuerzas de seguridad y la participación ciudadana.
5. Una cultura política de diálogo, participación y solidaridad. Un gobierno progresista encuentra en la participación de la ciudadanía uno de sus fundamentos, parte de su legitimidad y el reaseguro de su propio control. La administración del estado se basará en principios, donde el diálogo y la concertación se nutran a partir del intercambio de coincidencias y atención de las diferencias, en un ejercicio de sinergia colectiva para el diseño de políticas públicas y la construcción de un país solidario, justo, transparente, participativo y democrático.
6. Una nación activa y soberana en el escenario internacional. La identidad nacional, la soberanía y la vocación emancipadora del pueblo también se manifiestan en una estrategia política de inserción en el resto del mundo y en la forma en que establece sus relaciones internacionales, sus vínculos bilaterales y multilaterales, su relación con los organismos internacionales, su compromiso con la defensa de la paz, su adhesión a los convenios y tratados de derechos humanos y la implementación de los mismos hacia el interior de nuestras fronteras.
II.- Nuestras propuestas
El estado que necesitamos y proponemos construir deberá reflejar la pluralidad y heterogeneidad de nuestra sociedad para promover un clima político y social donde prevalezcan la solidaridad, la participación y la transparencia. Para ello reconstruiremos las capacidades estatales.
1. Calidad institucional
1.1. La reforma administrativa
Para el buen funcionamiento de la organización administrativa del estado se requieren cambios en las condiciones de ingreso y promoción interna, a fin de alcanzar una verdadera profesionalización del empleo público y mejorar el nivel de idoneidad, en un marco de diálogo y participación de los trabajadores del estado y sus organizaciones.
Jerarquizaremos y profesionalizaremos el empleo en la administración pública nacional, reforzaremos el sentido de carrera. Instalaremos mecanismos de promoción en la función pública basados en la idoneidad a través de concursos.
Reduciremos las diversas categorías de empleo público que existen en la actualidad a fines de unificarlas bajo un mismo régimen que garantice condiciones de igualdad dentro de la administración pública.
Revisaremos integralmente la normativa que regula el funcionamiento de la administración pública. Estableceremos un régimen general de contrataciones, simplificando la operatoria y reduciendo la duración de trámites, incorporando el uso de nuevas tecnologías.
1.2. Transparencia y prevención de la corrupción
Promoveremos la transparencia en el sector público, haciendo efectivo el control ciudadano e introduciendo reformas en el sistema de control vigente para que sea oportuno y eficaz.
Entendemos que estas iniciativas deben complementarse con la promoción y difusión de valores cívicos que sustenten una cultura política madura y responsable, que contribuya a desterrar el uso de prácticas ilegítimas para captar voluntades políticas.
Democracia sin impunidad. Nos comprometemos a llevar adelante una revisión integral de la gestión precedente en orden a la detección y posterior denuncia de los hechos de corrupción en la función pública.
Una ley nacional de acceso a la información pública. Esta norma debe abarcar a los tres poderes del estado, organismos extra-poder, empresas y sociedades del estado y concesionarios de servicios públicos, mediante un régimen sencillo y gratuito.
Obligación de hacer públicos los actos de gobierno. Impulsaremos una política de gobierno abierto, haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a la información sobre la gestión, como una forma de promover la participación, la transparencia y la ética pública.
Fortaleceremos y coordinaremos los organismos de control existentes, entre otros la Auditoria General de la Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los entes reguladores de servicios públicos, la Unidad de Información Financiera, dotando de independencia a aquéllos que no la tienen. Por último, impulsaremos la creación de una Red Federal de Control Público que vincule a los organismos de control nacionales con sus pares provinciales y municipales. Impulsaremos la creación de una Red Federal de Control Público, que vincule a los organismos de control nacionales con sus pares provinciales y municipales, que permita realizar intercambios de información y atender pedidos de colaboración entre las distintas jurisdicciones.
Auditorías ciudadanas como herramienta de control republicano. Impulsaremos su realización anual, para analizar los informes de gestión y auditoría de los organismos públicos, empresas y sociedades del estado.
Estableceremos un sistema de declaraciones juradas que permita ejercer un control efectivo sobre los funcionarios con datos precisos y verdaderamente demostrativos de su situación patrimonial, que comprenda a todos los integrantes de su grupo familiar, impulsando la adhesión al mismo régimen por parte de las provincias y municipios. Para asegurar un control efectivo, crearemos órganos autónomos y con capacidad técnica en el ámbito de cada poder del estado y garantizaremos que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder libremente a estas declaraciones.
1.3. República, federalismo cooperativo y un estado de mayor proximidad
Pensamos un país donde el cumplimiento de la Constitución Nacional, la independencia de los poderes del Estado y la vigencia de la república sean los pilares de un estado moderno, solidario y eficiente.
Un Congreso activo. Fortaleceremos el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades electas. Revisaremos facultades delegadas en el Poder Ejecutivo por el Congreso de la Nación. Fomentaremos la creación de una Oficina de Presupuesto en el Congreso de la Nación para asistir a las comisiones de presupuesto y hacienda de ambas cámaras en la aprobación y control de la ejecución del presupuesto nacional. Asimismo, fortaleceremos el funcionamiento de las Comisiones Especiales del Congreso para el seguimiento y control de la ANSES, los organismos de seguridad e inteligencia y las empresas del estado, entre otros.
Federalismo cooperativo y estado de proximidad. La construcción de una verdadera cultura federal supone pactos de ciudadanía recíprocos que permitan combinar autonomía política, administrativa y fiscal con un proyecto común de país. Proponemos un nuevo federalismo cooperativo, que significa mucho más que un "federalismo de gobernadores". El gobierno nacional debe equilibrar las desigualdades con un criterio de solidaridad territorial.
Promoveremos la aplicación efectiva de los mecanismos de control democrático a nivel local para garantizar que los grupos políticos que no estén en el gobierno puedan ejercer su rol de fiscalización. Un federalismo cooperativo será capaz de generar desarrollos institucionales nuevos para abordar las problemáticas de las áreas metropolitanas, a fin de mejorar la capacidad de gestión y de asociatividad en los temas que afectan la calidad de vida de las poblaciones que habitan esas áreas.
Proponemos una regionalización homogénea como marco estratégico para la organización de los diferentes ministerios; el impulso de los convenios interprovinciales que den sustrato a esta reorganización; y una reorganización de los Consejos Federales, brindando una instancia institucional más articulada de coordinación interprovincial y fortaleciendo los acuerdos federales para la gestión pública. La regionalización es la búsqueda consensuada de un país integrado, más homogéneo e inclusivo.
2. Seguridad
El Acuerdo de Seguridad Democrática y el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de 2009 comenzaron a instalar en Argentina el sentido democrático y sistémico de la seguridad.
Un enfoque sistémico e integral de la seguridad ciudadana debe estar formado por los siguientes eslabones: (1) la prevención sociocultural y multi-agencial del delito; (2) la policía y las fuerzas de seguridad; (3) la administración de justicia penal; (4) el sistema penitenciario; y (5) las instituciones post penitenciarias, cuya función es evitar la reincidencia.
A tres décadas de la instauración democrática en la Argentina, el gobierno político de la seguridad y la reforma institucional de la policía y las fuerzas de seguridad federales constituyen tareas institucionales pendientes que estamos en condiciones de tomar y poner en discusión para llegar a crear un nuevo Sistema de Seguridad Democrática.
Para ello, proponemos construir una alianza social y política que de sustento y legitimidad a los lineamientos generales de la política de seguridad. Sostenemos que la única manera de enfrentar y dar respuestas al problema de la inseguridad es desde el trabajo coordinado entre el estado nacional y las provincias, estableciendo objetivos comunes de corto, mediano y largo plazo.
2.1 Combate al crimen organizado. Crearemos una Agencia Federal de Investigaciones sobre Delitos Complejos. En términos operativos, las fuerzas de seguridad carecen de enfoques centrados en la investigación y en la inteligencia criminal que se orienten a desbaratar estas organizaciones. La Agencia tendrá como objetivo principal identificar y desarticular a las redes criminales que realicen negocios ilícitos en el territorio. En este sentido, el lavado de dinero y la evasión impositiva constituyen dos focos de acción centrales de una estrategia de aislamiento del crimen organizado.
Accionaremos el Control de Precursores Químicos desde el Registro Nacional de Precursores Químicos, dentro del SEDRONAR, espacio desde donde se controla el tránsito de precursores, la inscripción de los mismos, la fiscalización sobre la cantidad de trámites realizados en las diferentes delegaciones. Estas sustancias pueden servir como base para productos lícitos de la industria farmacéutica, pero además sirven como base para estupefacientes como por ejemplo las metanfetaminas.
2.2. Control de armas de fuego, explosivos y municiones. Crearemos una Autoridad Nacional de Control de Armas de Fuego, Explosivos y Municiones, encargada de diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar políticas públicas de desarme y control de armas en el país. Una política pública de control de armas de fuego, municiones y explosivos requiere de un sistema de financiamiento transparente y exento de influencia del sector privado. Es inadmisible que, tal como ocurre hoy, el organismo que implementa políticas tan sensibles siga siendo financiado por un ente privado integrado por los fabricantes y comerciantes de armas.
Se establecerán controles más estrictos sobre todos los aspectos relativos a la tenencia, portación, fabricación, comercialización, transporte, marcaje –identificación- y transferencias nacionales e internacionales de cualquier tipo de armas, explosivos, municiones, agresivos químicos.
2.3. Más información y participación para mejores decisiones.
Crearemos de un Observatorio Nacional del Delito a fin de establecer diagnósticos objetivos y reales, que serán el resultado de la utilización de diferentes instrumentos metodológicos, con un cuerpo profesionalizado interdisciplinario que las aplique y diseñe propuestas concretas para cada una de las problemáticas. Convocaremos a organizaciones sociales, expertos en seguridad y asociaciones vecinales a que se integren al Observatorio para que participen en la definición de diagnósticos y elaboración de políticas, con datos específicos de sus comunidades.
2.4. Reforma de los organismos de seguridad.
Reforma de la Ley de Seguridad Interior. Proponemos una reforma que trabaje sobre la complejidad del delito y que establezca una lógica de coordinación entre todas las fuerzas de seguridad nacional.
Reordenamiento territorial de las fuerzas de seguridad. Es necesario que todas las fuerzas nacionales (PNA, PSA, Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) sean reubicadas geográficamente y que exista un reordenamiento territorial, tomando en cuenta las necesidades propias de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cambio de paradigma hacia el interior del sistema policial, donde el agente de seguridad conozca el territorio, se acerque a los ciudadanos y escuche sus necesidades. Una policía con orientación comunitaria jerarquizará la figura del agente policial, permitiéndole un espacio como informante calificado del territorio donde desarrolla sus actividades. Los agentes policiales deberán estar orientados a la resolución de problemas y capacitarse en mediación y relación con la comunidad.
Creación de la Dirección de Control Policial, para la lucha contra la corrupción interna. La Dirección estará integrada por personal civil.
Mayores controles sobre seguridad privada. El estado definirá los cupos de seguridad a licitar, jerarquizando las agencias a partir de su composición, capacitación, formación, experiencias y evaluación de usuarios. Habrá centralización de los datos a nivel nacional.
2.5. Transformación del sistema penitenciario en un Servicio Civil. Desmilitarizaremos los agentes penitenciarios; crearemos un área de asuntos internos con autonomía funcional y abordaremos integralmente las problemáticas de las madres encarceladas. Para ello, será necesario el impulso de una ley de cupos que evite condiciones de hacinamiento; monitoreo permanente de las condiciones de detención en pos de prevenir la tortura, la violencia y las conductas corruptas del sistema. Asimismo, impulsaremos el desmantelamiento de las mafias penitenciarias y promoveremos un programa de readecuación edilicia de dichas unidades y la construcción de nuevas.
2.6. Sistema de gestión integral de riesgo de desastres. Crearemos una autoridad federal que articule los diferentes organismos nacionales y provinciales, para dar respuestas articuladas a las emergencias realizando una planificación territorial que incluya el riesgo de desastre.
3. Justicia y Derechos Humanos
3.1. Justicia
La justicia, en tanto pilar indispensable de toda sociedad organizada, requiere la adopción de una serie de medidas tendientes a mejorar su funcionamiento, de forma tal que sea percibida por la ciudadanía como un auténtico “servicio” y no como una potestad.
Nuestro objetivo es garantizar el acceso real a la justicia por parte de todos los ciudadanos, incorporando definitivamente a los sectores más vulnerables y mejorando el funcionamiento interno del aparato judicial a fin de alcanzar mayor transparencia, agilidad y profesionalismo.
Promoveremos el acceso real a la justicia. Estableceremos normas de funcionamiento de los tribunales que faciliten el acceso a la justicia por parte de ciudadanos y ciudadanas, que aseguren un trato igualitario, garantizando el acceso real de los sectores más vulnerables y asegurando a las víctimas protección integral.
Introduciremos cambios en el modelo de gestión y en la carrera judicial. Impulsaremos la transformación de los procesos de trabajo y de la cultura organizativa. Estableceremos el principio de ingreso de funcionarios/as y empleados/as judiciales por concurso público y organizaremos la carrera judicial para que reciban capacitación permanente.
Reformaremos el Consejo de la Magistratura garantizando una integración equilibrada y un funcionamiento transparente conforme lo establecido en la Constitución Nacional. Asimismo, las funciones netamente administrativas y presupuestarias de los Tribunales serán transferidas al Consejo de la Magistratura, mediante una regulación que garantice su ejercicio razonable y eficiente, de modo que los tribunales se concentren exclusivamente en la función de juzgar.
Agilizaremos los procesos de designación de magistrados/as y aceleraremos los concursos y nombramientos de jueces/zas en los cargos que se encuentran vacantes. El mecanismo de las subrogancias quedará reservado exclusivamente para casos excepcionales y por tiempo limitado.
Extenderemos el uso de las nuevas tecnologías para simplificar el trámite de los expedientes, acelerar los tiempos del proceso y ahorrar importantes costos. Asimismo, crearemos una base de datos unificada que centralice la información de los organismos registrales, propiciando la adhesión de las provincias a este régimen.
Promoveremos una reforma procesal integral a partir de la sanción de un código procesal único para las materias laboral, civil y comercial, y contencioso administrativo, orientado a reducir el formalismo y a simplificar y agilizar el proceso. Impulsaremos la abrogación de las Cámaras de Casación en los fueros distintos del penal. En igual sentido, promoveremos la reforma del código de procedimiento penal, estableciendo definitivamente el modelo acusatorio, donde el momento central del proceso sea el debate oral y público, y colocando la investigación previa en cabeza del Ministerio Público Fiscal.
Crearemos una policía especial a cargo del Ministerio Público Fiscal que asegurará un mejor entendimiento entre los agentes fiscales a cargo de las investigaciones y los efectivos policiales y mayor eficacia en las medidas tendientes al esclarecimiento de los hechos.
Impulsaremos el uso de mecanismos alternativos al proceso: la mediación, la conciliación y otros mecanismos de justicia restaurativa para la generalidad de procesos contradictorios, siempre que la materia lo permita (se excluyen los procesos penales por delitos graves).
Fortaleceremos el Patronato de Liberados. Para lograr una adecuada reinserción de quienes hayan cumplido una condena es imprescindible introducir un nuevo régimen para el Patronato de Liberados, que debe estar acompañado de los medios técnicos y los recursos humanos necesarios para hacer posible un seguimiento real de las personas que egresan del sistema penitenciario, brindándoles atención sanitaria y apoyo psicológico a ellos/as y sus familias, y guiándolos en la búsqueda de un trabajo o el ejercicio de una actividad económica que les permita sostenerse.
3.2. Derechos Humanos
Delitos de lesa humanidad. Garantizaremos la continuidad de los procesos judiciales vinculados a los delitos de lesa humanidad. Ampliaremos el trabajo de apertura y análisis de legajos del personal de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad, incluyendo además el conjunto de archivos y documentos en poder del estado. Mantendremos los sitios de Memoria e impulsaremos el Programa de Protección a Testigos.
Pueblos originarios. Protegeremos el derecho de las comunidades indígenas sobre los territorios que habitan y suspenderemos, hasta que exista un relevamiento, los desalojos de las comunidades originarias en aquellas tierras que estén en disputa con intereses privados o con el mismo estado.
Protesta social. Propondremos la derogación de la "Ley Antiterrorista". Impulsaremos una ley contra la criminalización de la protesta social y fortaleceremos comisión especial en el Congreso para el control de las actividades de inteligencia. En el mismo sentido, estableceremos mecanismos claros de recepción y seguimiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad.
Daremos seguimiento e impulso a las causas abiertas por la desaparición de personas en democracia, tanto de las que se atribuyen al funcionamiento ilegal de las fuerzas de seguridad como a las que proceden de organizaciones criminales, tales como las redes de trata.
Declararemos la “Emergencia Nacional” por la violencia de género. Pretendemos el cumplimiento efectivo de la ley 26.485, sancionada en 2009, de protección integral para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.
Protegeremos los derechos humanos de detenidos/as y condenados/as y crearemos un organismo con los caracteres del mecanismo nacional de prevención previsto en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que tenga acceso irrestricto a todos los lugares de detención del país así como a la información relativa al trato de estas personas y a las condiciones de su detención.
4. Mejor representación, más participación
Planteamos la necesidad de generar un cambio en Argentina, recuperando la confianza en los principales instrumentos democráticos de transformación social la política, los partidos, el estado y las organizaciones sociales.
4.1. Reforma política y sindical
Impulsaremos una amplia reforma política que modernice el sistema electoral vigente, garantizando mayor equidad y transparencia en la competencia electoral.
Régimen de Boleta Única. Mejoraremos sustancialmente la calidad de nuestras elecciones permitiendo un ejercicio más simple del derecho al voto y evitando las distorsiones y maniobras que habilita el actual sistema de boletas múltiples, tales como el voto en cadena o la sustracción de boletas.
Impulsaremos la creación del Instituto Nacional Electoral como organismo independiente del Poder Ejecutivo, que será integrado por profesionales seleccionados a través del principio de idoneidad. Tendrá como funciones principales la administración electoral, garantizar el cumplimiento de las reglas de competencia electoral y las condiciones de equidad, evitando que algunos partidos tomen ventaja por sus recursos o por el financiamiento ilegal de la política. Fijaremos mayores exigencias en orden a los programas de gobierno y la realización de debates previos. Exigiremos el control de la publicidad oficial y del manejo gubernamental de los medios de comunicación del estado y la reglamentación por ley de la distribución de la pauta oficial de publicidad para garantizar su equidad y transparencia.
Promoveremos el desarrollo de una cultura política que destaque los valores cívicos y la transparencia en las relaciones de los partidos políticos con los ciudadanos/as.
Democratización sindical. Impulsaremos la adecuación de la Ley de Asociaciones Sindicales al Convenio N° 87 de la OIT, mediante la incorporación de un modelo sindical plural, que respete la libertad de agremiación y profundice la democracia interna, promoviendo la más amplia participación de los trabajadores en estas organizaciones. Asimismo, será la Justicia del Trabajo y no el Ministerio del ramo quien intervenga en las disputas electorales, atento su carácter de órgano independiente e imparcial.
4.2. Participación ciudadana
Un gobierno progresista encuentra en la participación de la ciudadanía uno de sus fundamentos, parte de su legitimidad y el reaseguro de su propio control.
Los mecanismos de participación ciudadana cumplen una doble función: hacen más democrática la gestión pública y desarrollan una nueva conciencia de ciudadanía activa, enriqueciendo la democracia.
Avanzaremos hacia mecanismos que institucionalicen el diálogo social y político, tales como un Consejo Económico, Social y Político, concebido como un foro permanente que busque la superación de los conflictos y el logro de consensos para el desarrollo armónico de la vida social.
Impulsaremos mecanismos de democracia semidirecta como la iniciativa popular, la consulta popular, el referéndum, el plebiscito, las audiencias públicas y los presupuestos participativos. Instaremos a los gobiernos locales y sub-nacionales a llevar adelante prácticas participativas.
Generalizaremos la aplicación del mecanismo de las audiencias públicas previo a la adopción de decisiones administrativas y el control de los servicios públicos. Promoveremos la libre participación para que los ciudadanos expongan sus opiniones al tema a trabajar, las que deberán ser consideradas por el órgano convocante.
5. Política internacional
Mientras que en los noventa, la estrategia política internacional se basó en el alineamiento automático con Estados Unidos y el alejamiento de los aliados regionales, en la última década nuestro país no tuvo dirección política y redujo el relacionamiento con el resto del mundo al comercio exterior y a decisiones coyunturales basadas en política interna.
Para aumentar nuestra autonomía, fortaleceremos las alianzas políticas con las naciones sudamericanas, dando contenido concreto y no sólo retórico a los procesos de integración subregional, en especial en el marco del Mercosur y la Unión Sudamericana de Naciones, y, a nivel regional, con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Realizaremos acuerdos de cooperación económicos, culturales y educativos, fomentando la participación de la sociedad.
Avanzaremos en un gran acuerdo estratégico bilateral con nuestro principal socio, Brasil, a fin de consolidar la integración.
Impulsaremos alianzas políticas Sur-Sur con países con intereses y necesidades comunes para fortalecer el multilateralismo frente a las pretensiones de las grandes potencias y para promocionar la defensa de la paz y los derechos humanos.
Coordinaremos posiciones entre los países de la región y los emergentes miembros del G20 para promover estrategias hacia un mundo más equitativo con desarrollo sustentable.
Profundizaremos una estrategia diplomática sostenida y de largo plazo para la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y por la preservación de los espacios marítimos y antárticos.
Denunciaremos el Memorando de Entendimiento firmado por el actual gobierno con la República Islámica de Irán sobre la causa del atentado terrorista a la AMIA, abandonando la estrategia de pactar con los sospechosos. Recuperamos el consenso nacional de una estrategia de presión sobre Irán en los foros internacionales y en las relaciones bilaterales para aumentar los costos por no cooperar con la Justicia argentina.
Recuperaremos la calidad profesional de la Cancillería y del Instituto del Servicio Exterior de la Nación.
Iniciaremos un debate serio para promover un consenso nacional sobre una nueva y pacífica política de estado de Defensa Nacional, con unas Fuerzas Armadas profesionales y no politizadas al servicio de la Constitución Nacional y las leyes, en particular el respeto de los derechos humanos.
La Cuestión Económica
I. Hacia dónde queremos ir
- Un nuevo modelo de desarrollo sustentable, inserto en un contexto internacional que brinda oportunidades únicas a nuestro país para lograr un crecimiento económico sostenido en el tiempo, con cuidado del medio ambiente y cuyos beneficios sean solidariamente distribuidos para mayor bienestar e igualdad. Es prioritario definir un rumbo productivo, incentivar la inversión, mejorar la distribución del ingreso y de la riqueza, coordinar un federalismo fiscal transparente y lograr una gestión sustentable de los recursos naturales.
- Una nueva matriz productiva, con un cambio estructural para liberar y reorientar los recursos hacia los sectores más dinámicos, con mayor innovación y potencial de productividad, para diversificar nuestra producción, generar mayor valor agregado y reposicionar a la Argentina en el mundo. La productividad está en el centro del desafío de la modernización de nuestra economía y la salida del subdesarrollo.
- Una nueva relación entre el estado y el mercado, basada en institucionalidad, con las reglas de juego claras y estables propias de la república y la democracia, con un programa económico previsible apostando a la inversión innovadora y productiva. Concebimos una relación transparente y de cooperación entre el estado y el mercado, sin intervenciones arbitrarias ni capitalismo de amigos y de especuladores.
- Un fuerte desarrollo de las economías regionales, promoviendo mejoras en la distribución geográfica del ingreso, respetando las características medioambientales y teniendo en cuenta la problemática socio-laboral y cultural de cada territorio.
- El autoabastecimiento y la diversificación de la matriz energética, recuperando una política de estado con planificación, asociaciones transparentes con el sector privado para aprovechar la potencialidad de nuestros recursos asegurando el respeto del medio ambiente y los derechos de las comunidades próximas.
II. Propuestas
- Marco general
Aspiramos a un País Estable con un crecimiento económico sostenido en el tiempo, minimizando los desequilibrios macroeconómicos, para promover un desarrollo económico centrado en garantizar la igualdad de las generaciones presentes como las futuras, con equilibrio territorial, con focos de desarrollo sostenidos en cada región del país para garantizar la igualdad de derechos con pleno empleo para todos los ciudadanos.
Quién pagará los costos de haber consumido la bonanza y quién se beneficiará en el mediano y largo plazo son decisiones políticas que se resuelven con instrumentos económicos. Por eso definimos qué país queremos y hacia dónde vamos. Para lograrlo, es necesario ser convocantes y construir poder para gobernar y gestionar, ser creíbles para generar expectativas positivas y ser conscientes que los cambios estructurales que necesita la Argentina requerirán tiempo y esfuerzo.
En el corto plazo implementaremos un programa macroeconómico orientado a resolver la inflación, y las distorsiones de los precios relativos que la acompañan, en el marco de un plan de desarrollo de mediano y largo plazo. Para ello, se coordinarán los instrumentos de política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos de manera consistente y sustentable.
Los objetivos intermedios del plan basado en un tipo de cambio competitivo son el superávit fiscal y el superávit externo. Estos superávit “gemelos” garantizan la sustentabilidad fiscal y externa considerados claves para el estadio de desarrollo de una economía como la de Argentina.
El plan de mediano y largo plazo tiene por objetivos reformas institucionales profundas, que produzca un desarrollo geográficamente más homogéneo, con un tejido productivo más densificado, fundado en la integración de cadenas de valor, incorporando conocimiento y tecnología a la producción y que genere la relocalización regional de la producción.
- Programa de corto plazo
La política económica debe dar una respuesta a la sostenida alza de precios. La inflación es un ajuste encubierto, cuyo principal impacto se observa en los sectores de ingresos fijos, permitiendo recaudar más al gobierno de turno a costa de castigar a los que menos tienen.
Se tratará de un programa gradual que incluirá la fijación, el anuncio y el cumplimiento de objetivos de desinflación anuales hasta reducir la inflación a un dígito.
Nuevo instituto de estadísticas. Crearemos un nuevo instituto de estadísticas descentralizado con autarquía económica y financiera para devolver la credibilidad de las estadísticas públicas y revisaremos lo actuado por la gestión precedente. La recuperación del sistema de estadísticas públicas es condición necesaria para implementar el programa de desinflación, así como para encarar cualquier política social que requiera de estadísticas veraces como base de un diagnóstico apropiado.
Política macroeconómica coordinada. Crearemos un Consejo de Política Económica integrado por representantes del Ministerio de Economía, del Banco Central y del Congreso para coordinar los instrumentos de política macroeconómica al servicio de los objetivos fijados por el gobierno.
Tipo de cambio competitivo. Orientaremos la política cambiaria a sostener un tipo de cambio competitivo para acelerar un crecimiento económico con generación de empleo en el corto plazo. A su vez, la política cambiaria constituirá un pilar fundamental para la estrategia de desarrollo de mediano plazo. Para su sustentabilidad deberá estar coordinada con las políticas fiscal, monetaria y de ingresos.
Política monetaria. Propondremos un programa monetario sin financiamiento del Tesoro a través de la emisión y compatible con el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo. No se utilizarán ni las políticas de elevadas tasas de interés reales ni la utilización del tipo de cambio como ancla inflacionaria. La credibilidad que construirá gradualmente el gobierno a través del cumplimiento de las metas será la principal ancla nominal de la economía.
Banco Central. El Banco Central recuperará una mayor independencia instrumental para lograr los objetivos fijados por el Consejo de Política Económica, en particular de protección del valor de la moneda, la búsqueda del pleno empleo y el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero.
Políticas de ingresos y mercados no competitivos. Promoveremos una mesa de concertación entre empresarios, trabajadores y gobierno para definir la política de precios y salarios en función de las metas inflacionarias pautadas. Dado el carácter inercial y el componente de expectativas de la inflación, será crucial la convocatoria de un diálogo que regenere confianza y permite coordinar expectativas.
El programa macroeconómico incluye la regulación de los mercados monopólicos y oligopólicos en el marco del régimen de defensa de la competencia con el objetivo de evitar que formadores de precios se constituyan en mecanismos de propagación de la inflación.
Política fiscal. Consideramos que la política fiscal es uno de los instrumentos fundamentales para la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza. Sus principios fundamentales serán su sustentabilidad y aplicación de políticas verdaderamente anti-cíclicas. Los excedentes de recursos que surjan cuando la economía se encuentre en la fase expansiva del ciclo económico serán aplicados automáticamente a reactivar la demanda agregada cuando la economía entre en recesión.
Revisaremos y discutiremos el papel del Fondo de Garantía de Sustentabilidad cuyo objetivo principal no debe ser el otorgamiento de préstamos a tasas subsidiadas sino que debe estar destinado a garantizar el pago de las jubilaciones futuras tal cual su nombre lo indica.
Reorientación y calidad del gasto público. Reformularemos las prioridades de gasto público para lograr una mejora real en la distribución del ingreso y en el acceso a educación, a la seguridad social y a servicios básicos. Reduciremos sustancialmente los subsidios económicos, particularmente los destinados a las empresas, que serán parcialmente reemplazados por otros para el consumo a través de tarifas sociales para los hogares más carenciados. Revisaremos el gasto en “obra pública” a través de una evaluación social de los proyectos y de procesos licitatorios transparentes que eliminen los sobreprecios, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas.
Reforma impositiva. Promoveremos una reforma hacia un sistema impositivo más progresivo, con mayor incidencia de tributos directos por sobre los indirectos, gravando las diversas modalidades de rentas, subiendo los mínimos no imponibles, sin elevar la presión impositiva que ya se encuentra entre las más elevadas de la región. La reforma impositiva progresista será acompañada de una mejora en la administración tributaria, luchando contra la evasión, en particular en los impuestos más complejos para la recaudación.
Federalismo Cooperativo y relaciones financieras intergubernamentales transparentes. Estableceremos relaciones financieras federales estables, con mecanismos de incentivos para la redefinición de la inversión en servicios sociales en las jurisdicciones provinciales y municipales que promuevan la mejora en la calidad del gasto público que garantice la financiación del federalismo.
Desandaremos progresivamente el laberinto normativo de la distribución de los impuestos recaudados por la Nación siguiendo los principios establecidos en la Constitución de 1994 y el respeto de los mínimos establecidos para las provincias y la Nación. Para ello, redefiniremos las potestades tributarias y las responsabilidades del gasto entre los diferentes niveles jurisdiccionales de un país federal: en suma la financiación del federalismo.
Revisaremos y reformularemos el resto de las transferencias de la Nación a las provincias y municipios, particularmente aquellas discrecionales realizadas con criterios políticos reemplazándolas por transferencias de carácter más automático de acuerdo a criterios técnicos basados en aspectos financieros, económicos y sociales.
- Plan de mediano y largo plazo
Articularemos un modelo productivo de pleno empleo de calidad estructurado sobre un fuerte mercado interno que se inserte en el mercado mundial de manera inteligente a partir de su capacidad innovadora. Lograremos mayor productividad a partir de la educación, la ciencia y la tecnología, con un ordenamiento territorial con mayor conectividad y mejora logística, con un sistema financiero al servicio de la producción. Evitaremos los atajos de una competitividad no sustentable de bajos salarios y sobreexplotación de recursos naturales.
Promoveremos una política productiva que supere las falsas antinomias (campo/industria, mercado externo/interno) que tomará a la Cadena de Valor Global como unidad productiva, generando condiciones de interconexión entre los sectores productivos, apuntando a generar una trama productiva más densa que genere empleo creciente y de calidad.
Desde hace dos décadas, el sector agropecuario desarrolla un proceso de inversión e innovación productiva que ha generado enormes saltos de productividad y que, a pesar de los impedimentos que pretende imponer el gobierno, se encuentra en la frontera tecnológica mundial. Este proceso de expansión de la productividad agrícola debe ser acentuado dando lugar a un completo proceso de industrialización agropecuaria centrada en la agregación de la cadena de valor.
Impulsaremos un Consejo Federal Agropecuario para consensuar políticas de mediano y largo plazo en línea con el plan de desarrollo estratégico para la Argentina, dando prioridad a la previsibilidad en las reglas de juego. Estará integrado por los poderes ejecutivos provinciales, entidades del campo, trabajadores rurales y el gobierno nacional para definir líneas de política agropecuaria.
Desarrollaremos un programa inteligente de sustitución de importaciones y exportaciones. En el caso de las importaciones, estará basado en el mercado interno y, además, en el marco de una alianza estratégica con otros países de la región en los eslabones con altos contenidos tecnológicos y generadores de empleos calificados y bien remunerados.
Reemplazaremos la exportación de commodities agrícolas por un nuevo paradigma, hacia una agricultura de alimentos y de biomasa incorporada a la cadena de valor. Incentivaremos las producciones de bienes y servicios comercializables internacionalmente mediante la profundización e integración de sectores primarios y de la industria y el impulso de medidas que favorezcan la industrialización próxima a los lugares de producción primaria. Favoreceremos el desarrollo de los pequeños y medianos productores con generación de empleo de calidad, considerando las cadenas de valor y la incorporación de la bioeconomía.
Eliminaremos permisos y demás trabas a las exportaciones de tipo discrecional y que no estén asociadas a problemas reales de abastecimiento del mercado interno.
Revisaremos y discutiremos las retenciones a las exportaciones en el marco del modelo de tipo de cambio real competitivo y de la revisión del sistema impositivo en general. En particular, las retenciones relacionadas con economías regionales (carne, leche, frutas y verduras) se reducirán sin dilaciones, incluso el caso de cereales (trigo y maíz), cuidando de mantener el precio doméstico acorde al poder adquisitivo de la población.
No hay procesos productivos incluyentes sin industria. La reindustrialización de la Argentina debe consolidarse con nuevos avances en todos los segmentos. Las grandes empresas argentinas deben contar con apoyo para avanzar en procesos de internacionalización. Las medianas y pequeñas industrias, importantes creadoras de empleo, requieren respaldo en términos crediticios y fiscales para mejorar su posición tanto en el mercado interno como internacional.
Pensamos en una industria que recobre su capacidad de innovación a partir de la vinculación con el sistema científico al integrar conocimiento y tecnología al proceso productivo. Pensamos en un complejo agroindustrial con capacidad de insertarse en las etapas más complejas y rentables de la cadena de valor, no sólo de la producción de alimentos sino también alcanzando niveles significativos de producción nacional en genética, insumos y equipamiento.
Serán sectores de prioridad estratégica de desarrollo aquellos con alto valor agregado en términos de conocimiento que compiten en el mercado mundial, como la industria nuclear, la petroquímica, la biotecnología, la satelital y de alta tecnología.
La Argentina tiene un potencial en la generación de valor en servicios, en turismo, software, publicidad, cine, bienes culturales, diseño. Son áreas de trabajo intensivo y mano de obra calificada a las que daremos especial impulso.
Ciencia y técnica. La política de ciencia y técnica se definirá en consonancia con el proyecto estratégico de país, del cual se deducirán las prioridades a escala nacional, provincial y regional, impulsando un desarrollo armónico y descentralizado del sistema científico y tecnológico.
Impulsaremos la constitución de sistema locales de innovación que dinamicen las economías regionales, integren los sistemas productivos y sus cadenas de valor en actividades de innovación, desarrollo y transferencia de tecnologías. Promoveremos la creación de empresas de base tecnológicas en áreas prioritarias a nivel regional.
Garantizaremos el financiamiento del presupuesto de ciencia y técnica con fondos nacionales, revirtiendo la dependencia de los recursos internacionales. Estableceremos mecanismos transparentes y eficientes de asignación, control y evaluación de resultados e impactos.
Impulsaremos la investigación básica y aplicada en las universidades y el sistema científico nacional. En las universidades nacionales, donde se concentra el 70% de la investigación, se invierte menos por investigador.
Generaremos instancias de complementación entre investigación pública y los procesos de innovación e investigación llevada adelante por las empresas, apuntando a fortalecer las distintas ramas productivas que puede impulsar el país.
Desarrollo desde lo local. Crearemos una Agencia Nacional de Desarrollo con el objetivo de promover el desarrollo económico productivo sustentable, con equidad social y equilibrio ambiental y territorial. Participarán entidades empresariales, universidades, institutos de investigación y desarrollo, órganos de los estados y la sociedad civil, con el objetivo de forjar estrategias de largo plazo. A través de programas de asociación público-privada transparentes y eficientes, se promoverá a la micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país. Se favorecerá la incorporación de conocimiento para la mejora en la gestión de las empresas; impulsaremos el emprendedurismo en todo el territorio nacional y brindaremos asistencia técnica, logística y asesoramiento a entes públicos y gobiernos subnacionales para coordinar estos programas de asociación a nivel local. Promoveremos, a través de políticas activas, las cooperativas y otras organizaciones de la economía social, convencidos de que es necesario construir un fuerte sector económico basado en los principios de la solidaridad, la democracia y la cooperación.
Energía. Nos comprometeremos a impulsar políticas de consenso de largo plazo sobre el sector, en el marco de las cuales se podrán precisar las medidas de corto y mediano plazo.
En el corto plazo, restituiremos la autoridad energética a nivel del estado nacional jerarquizando la secretaría de Energía y transformaremos el Conejo Federal de Energía Eléctrica en un Consejo Federal de Energía y Combustibles con representación de todas las provincias. Reformularemos la composición y normativa vigente de los Entes Reguladores; propondremos una nueva ley de Recursos Energéticos que sea el marco de toda la actividad y revisaremos el sistema tarifario implementado la tarifa social para los sectores menor pudientes e incorporaremos a YPF al control de la Auditoría General de la Nación.
En el mediano y largo plazo, formularemos e implementaremos un Plan Estratégico Energético Nacional, con participación de los sectores involucrados así como las universidades y organismos de Ciencia y Tecnología; desarrollaremos planes plurianuales en todas las modalidades de los distintos recursos energéticos; reconsideraremos los estudios de las grandes centrales hidroeléctricas en función de la priorización existente; impulsaremos acuerdos bilaterales y multilaterales de exportación/importación de energía en el marco de una política de integración regional; reformularemos el sistema de transporte; incrementaremos la política exploratoria de nuevos yacimientos y crearemos fondos energéticos específicos para el financiamiento de grandes proyectos y para el impulso de las energías renovables (eólicas y solares).
Logística. El modelo productivo con mayor competitividad que impulsamos requerirá reducir los costos de transporte. Una mejora en la logística en rutas, puertos y ferrocarriles permitirá una mayor cohesión territorial y brindará más oportunidades a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, promoviendo un desarrollo económico geográficamente más homogéneo.
Reestructuraremos el sistema ferroviario tanto de carga como de pasajeros, con un desarrollo vial, ferroviario y logístico en los entornos de los principales puertos del país. Promoveremos una Ley de Industria Ferroviaria con el objetivo de tener en 10 años el sistema ferroviario más avanzado y completo de la región, generando empleo y produciendo bienes intensivos de capital. Ejecutaremos los planes directores metropolitanos de infraestructura y transporte de cargas y personas como criterio de priorización de obras. Reorganizaremos la infraestructura vial para mejorar el estado de las carreteras revisando un sistema de rutas concesionadas que ha fracasado y garantizando la correcta asignación de recursos recaudados para la construcción de caminos. Incorporaremos nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia y la transparencia en la gestión de las aduanas.
Financiamiento para el desarrollo. Crearemos un Banco Nacional para el Desarrollo Productivo, financiado con fondos públicos y no con depósitos del público, que opere por fuera de la banca comercial privada, gestionado autónomamente por profesionales idóneos designados por concurso y con un mandato claro definido en su carta orgánica: asistir a la inversión de largo plazo en áreas prioritarias de acceso limitado al crédito, tanto mediante el financiamiento directo como a través de garantías crediticias.
Reorientaremos los activos del Banco Nación a la financiación del desarrollo productivo, particularmente las cadenas de valor agropecuarias y las inversiones en innovación y nuevas tecnologías.
Impulsaremos un relacionamiento económico y financiero internacional que, de manera soberana, transparente y responsable, contribuya a financiar las inversiones, principalmente de infraestructura, que sustenten el plan de desarrollo de mediano y largo plazo.
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